El nuevo ministro de Seguridad es un funcionario que ha cambiado la piel varias veces en su vida política. Aquí un contra-perfil de uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, entre otros hechos que no se mencionan en su biografía revisitada por el periodismo.
Las palabras se le atragantan por la bronca a Alberto, el papá de Darío Santillán. “Siento impotencia y odio al ver que Gobierno tras Gobierno les lavan la cara a todos los responsables políticos de la masacre de Avellaneda”. Cada vez que esos personajes políticos vuelven a la escena, la familia de Darío Santillán y Maxi Kosteki, sus compañeros y amigos, y quienes siguen en las organizaciones que ellos sembraron, los escrachan.
“Aníbal Fernández, uno de los que declaró que Julio López no estaba desaparecido, que seguramente estaría tomando el té con su tía; quien cobijó al principal responsable de la masacre de Cromañón, Aníbal Ibarra. La bronca me puede pero con mi parte de raciocinio digo que no nos van a llenar de mierda, me cobijo en mis seres queridos y en ustedes, extraño enormemente a mi hijo Darío, pero que nadie se equivoque, no nos vamos a ir de las calles, hace veinte años que venimos peleando, en estas circunstancias vamos a ser más fuertes para rechazar las políticas de este Gobierno y la designación de Fernández como ministro de Seguridad”.
La rabia de Alberto está presente en un video difundido en sus redes sociales y sirve como contrapunto ante la proliferación de perfiles periodísticos de los días recientes, en los que el flamante ministro de Seguridad del gobierno del Frente de Todos aparece despojado de los episodios más oscuros de su biografía política.
La construcción del enemigo piquetero
Tan cómodo ante las cámaras de los estudios de televisión como en el living de su casa, en septiembre de 2015 Aníbal Fernández hablaba de la Masacre de Avellaneda. “Mientras buscábamos (sic) a Kosteki y Santillán él estaba tomando mate con el asesino, hay fotos de él con (el comisario Alfredo) Fanchiotti”, dijo en el programa Plan M sobre el ex gobernador bonaerense al momento de la matanza, Felipe Solá.
Enseguida lo interrogó el periodista Diego Genoud. Fernández se enojó ante la insistencia del columnista sobre su responsabilidad política. “Me había ido del país y volví el 26 a la tarde, a los chicos (sic) los habían matado a la mañana, qué tengo que ver con la seguridad si era secretario general de la Presidencia, es tonta la acotación, es irresponsable poner en la cabeza de otro algo que te queda cómodo a tu discurso”. Y agregó que dentro de aquel Gabinete un sector decía que no tenían que pasar el puente, y él se habría pronunciado por no confrontar.
Sin embargo, sus palabras trece años antes en la conferencia de prensa de ese día, antes de que las fotos de Darío y Maxi fusilados en la estación Avellaneda dieran vuelta todos los discursos de los funcionarios de Duhalde, ponen en evidencia hasta qué punto sí tuvo que ver.
“Sabíamos desde hace veinte días que iba a suceder una cosa de estas características, en el estadio Gatica se organizaba una asamblea de piqueteros en la que se habló de lucha armada, se definió un plan de lucha que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades”, dijo el entonces secretario general de la Presidencia, al referirse a los “piqueteros duros” y “subversivos”, inaugurando así la temporada de dividir la protesta social legítima de la “ilegal”. Maestro de los juegos verbales y la provocación, no fue inocente su equiparación de “plan de lucha” con “lucha armada”.
El eterno funcionario que se recicla reconoció en ese momento que espiaron a las organizaciones sociales con la excusa de que estaban conspirando contra el Gobierno. Por eso las víctimas hablan de un plan, e insisten en que quienes dieron las órdenes durante la Masacre de Avellaneda siguen impunes. Según los familiares de los piqueteros asesinados, los “otros” responsables son Duhalde y sus ex funcionarios Juan José Alvarez, Jorge Matzkin, Jorge Vanossi, Alfredo Atanasoff, Carlos Soria, Oscar Rodríguez, Felipe Solá y Luis Genoud.
En la actual coyuntura podría aventurarse que lo repatriaron desde Yacimientos Carboníferos Río Turbio porque ladra más fuerte que todos, incluido su par provincial Sergio Berni, quien ya le dio su beneplácito
Luego de la condena a los autores materiales de los asesinatos de Kosteki y Santillán, el desafío fue plasmar en una acusación penal la autoría intelectual de aquella matanza, que provocó el final anticipado del interinato duhaldista. En la Justicia federal, Aníbal Fernández fue denunciado junto a Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf y el resto del Gabinete de aquel Gobierno. En esa causa, en octubre de 2015 declaró ante la fiscal Paloma Ochoa el ex intendente de Avellaneda, Oscar Laborde.
“Los gobiernos de Duhalde y (Felipe) Solá están vinculados con este caso, no tengo dudas de que hubo un acuerdo, no digo para provocar asesinatos pero sí para reprimir de esa manera”, dijo el ex funcionario. Habían convencido a Duhalde que los piqueteros −que ese día intentaron cortar el Puente Pueyrredón en reclamo de alimentos, trabajo, planes de empleo, aumento de los subsidios (de $ 150 a $ 300) y el fin de la represión y procesamiento por actos de protesta− tenían un plan de desestabilización.
Esa teoría estaba sustentada en dos carpetas de recortes periodísticos y un par de informes de los servicios de inteligencia, que había infiltrado la Asamblea Piquetera Nacional que se hizo el 22 y 23 de junio de ese año en el estadio Gatica de Avellaneda, tal como declaró Aníbal en la mencionada conferencia de prensa. El informe de inteligencia −que hablaba de la influencia de las FARC sobre los piqueteros− fue elevado al ministro de Justicia Jorge Vanossi, quien lo compartió con los jefes de las distintas fuerzas federales.
Vanossi quería precisiones acerca de “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podían configurar algún tipo de delito contra la ley de Defensa de la Democracia”. De hecho, con ese material el 27 de junio dio instrucciones al Procurador Nicolás Becerra para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”. Ahí estaba el origen de la cobertura legal que planeaban darle al operativo del Puente, y si se “mataban entre ellos” no era porque fueron reprimidos, sino porque se pelearon en busca de tomar el poder. Esa causa, que en Comodoro Py llamaban del “Complot”, en la que los acusaban de 17 delitos, fue archivada gracias a la rápida intervención colectiva de organizaciones antirrepresivas y organismos de derechos humanos. Parece que Fernández no sabía nada de eso...
En una entrevista para Página/12, el funcionario de bigote tupido dijo que había conocido personalmente a Darío, que por entonces tenía 19 años, y que le había dado plata de su bolsillo para sostener un horno panadero que tenían en uno de los barrios. El hecho fue rotundamente desmentido por la familia y compañeros que participaban en el MTD: “Quienes conocimos a Darío Santillán, sus familiares, sus amigxs y compañerxs de militancia, sabemos con certeza que nunca tuvo relación personal con Fernández. Sus vidas se cruzaron sólo en 2000, durante la Gobernación de Carlos Ruckauf, cuando Fernández era Ministro de Trabajo provincial y Darío asistió a una reunión después de un piquete en La Plata, como parte de una delegación de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, de la que era uno de sus referentes”.
Un año más tarde, Aníbal trazaba la línea definitiva: “No vamos a reprimir, con palos y corriendo a la gente por las calles, tampoco vamos a tirar una bomba, pero no quiero que sigan los cortes, tienen que desaparecer”.
“Siento impotencia y odio al ver que Gobierno tras Gobierno les lavan la cara a todos los responsables políticos de la masacre de Avellaneda”, dice Alberto, papá de Darío Santillán.
Los años pasan, los funcionarios regresan
A pocas horas de que se cumplieran 15 años de la desaparición de Jorge Julio López, se conocía el nombramiento de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad de la Nación. Cuando desaparecieron al sobreviviente y testigo, el 18 de septiembre de 2006, Fernández era ministro del Interior de Néstor Kirchner, y sostuvo que Julio podía estar escondido o asustado seguramente en la casa de alguna tía.
“Fue una ironía”, dijeron algunos de sus fans en Twitter. A esa “ironía” le siguieron anuncios grandilocuentes de megaoperativos que lejos de esclarecer el hecho y encontrar a López, sólo entorpecieron la investigación para saber quién había secuestrado al testigo clave en la causa de lesa humanidad contra el genocida Miguel Etchecolatz.
El 20 de octubre de 2010 mataron a Mariano Ferreyra. Aníbal Fernández era jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Ese día la burocracia sindical junto a las fuerzas represivas pretendían terminar con la lucha de los tercerizados que se venían organizando por el pase a planta permanente. Fernández tenía a su cargo la Policía Federal (PFA).
Durante el juicio por el crimen del militante del Partido Obrero (PO), uno de los comisarios imputados declaró que “la Policía es el brazo armado del poder político, y el que dispone del poder político es el Poder Ejecutivo”. En el mismo proceso se demostró que la PFA fue partícipe necesaria del crimen dejando una “zona liberada”. Varios testigos sostuvieron que los patrulleros de la Comisaría 30 abrieron paso a la patota en el momento del ataque y que luego lo cerraron cuando los agresores huían.
Una vez le preguntaron al ahora ex canciller Solá cómo hacía para mantenerse en el poder, y respondió que la premisa era “hacerse el boludo”. Aníbal es tributario de una escuela muy similar.
Durante el operativo se usó un sistema de comunicaciones, POC, que no permite que quede grabado lo que se habla. La fiscalía sólo solicitó penas por “abandono de persona” para los efectivos implicados en el operativo. Entonces, como en tantos otros casos, la mano judicial lavó la ejecutiva.
En diciembre de ese mismo año, 1600 familias ocuparon el Parque Indoamericano, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Aníbal Fernández, que seguía en la Jefatura de Gabinete, coordinó el segundo “operativo conjunto” con el Gobierno de la Ciudad, después de que las policías Metropolitana y Federal iniciaran la persecución contra los sin techo, disparando sobre la Villa 20 y asesinando a las tres primeras víctimas.
La entonces diputada nacional y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Victoria Donda, dijo que era claro que “tanto la policía de Aníbal Fernández como la de (el ministro de Justicia y Seguridad porteño Guillermo) Montenegro se han manejado coordinadamente en este operativo por orden de sus conducciones políticas.” Tres días después, CFK le quitaba a Aníbal el área de Seguridad para crear el ministerio específico frente al cual puso a Nilda Garré.
Una falsa acusación que se volvió en contra
La mañana del 4 de septiembre de 2008, un tren de la línea Sarmiento descarriló entre las estaciones Merlo y Castelar, y originó una fuerte protesta de los pasajeros. Esa tarde, en Casa Rosada, Aníbal Fernández, entonces ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, dio una conferencia de prensa en la que denunció al PO, acusándolo falsamente de sabotaje. Estuvo secundado por Carlos Stornelli, que era ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Fernández responsabilizó a José María Escobar por el incendio de un tren, cuando nunca fue imputado por tal delito. Quienes conocían a Escobar y a sus compañeros de militancia cuestionaron en ese momento la irresponsable acusación del ministro. En marzo de 2019, Fernández fue condenado en el juicio que le inició Escobar, patrocinado por les abogades María del Carmen Verdú y Daniel Stragá.
Aníbal tuvo que indemnizar con 50 mil pesos al dirigente trotskista, por los daños y perjuicios que le causó cuando lo acusó de haber iniciado el incendio prendiendo fuego un buzo, colocándolo dentro de un balde y arrojándolo al interior del tren. Ese día solo hubo diez detenciones por la sustracción de monedas contenidas en las máquinas expendedoras de boletos.
Según informó Tiempo Argentino, la jueza Alicia Bibiana Pérez consideró que el Estado Nacional tiene responsabilidad por los perjuicios que sufrió el integrante del PO. A años luz de la mesura, Aníbal Fernández había dicho: “Hay una cantidad importante de militantes del Partido Obrero. El que dirigió toda la operación es un militante del Partido Obrero, que se llama José María Escobar, que es preceptor de una escuela, debería haber estado trabajando en ese momento. La gente que está presente es la que dice que esta persona es la que se quita un buzo, lo mete dentro de un balde, lo prenden fuego, cuando el buzo prendió fuego lo tiran adentro con eso y comienza el incendio de los siete vagones”.
El fallo replicó: “No se encuentra probado, ni tampoco se infiere, que el señor Escobar haya prendido fuego un buzo y lo haya arrojado; además, no fue llamado a declarar ni fue imputado en la causa penal iniciada como consecuencia de los hechos acontecidos”.
La política de la calle
Una vez le preguntaron al ahora ex canciller Solá cómo hacía para mantenerse en el poder, y respondió que la premisa era “hacerse el boludo”. Aníbal es tributario de una escuela muy similar, cuyos egresados se convierten en justificadores seriales al mejor estilo Carlos Corach o Alberto Kohan, con piel de amianto y ocurrente réplica veloz.
Cuando los envuelve algún escándalo, se retiran de la escena un tiempo, el suficiente para que se borren de la memoria colectiva a corto plazo las barbaridades que suelen responder ante cada crisis, con propensión al ataque a agrupaciones de izquierda. En la actual coyuntura podría aventurarse que lo repatriaron desde Yacimientos Carboníferos Río Turbio precisamente porque ladra más fuerte que todos, incluido su par provincial Sergio Berni, quien ya le dio su beneplácito.
Para quienes luchan y se organizan, en ningún caso su regreso es una buena noticia. Sus inicios como funcionario público se remontan a hace más de 30 años y es la persona que más tiempo permaneció en cargos ministeriales nacionales en Argentina en las últimas décadas. En tanto, la derecha lo acusa de haber transformado a la Argentina de un país de tránsito a uno de producción de drogas ilegales. Deberían saber las y los colegas que festejan sus ocurrencias que en los pasillos del Ministerio de Seguridad, en la calle Gelly y Obes, ya hay quejas por maltrato a las y los trabajadores que vienen de la gestión anterior.
Aníbal reconoció que espiaron a las organizaciones sociales con la excusa de que estaban conspirando contra el Gobierno. Por eso las víctimas hablan de un plan y quienes dieron las órdenes durante la Masacre de Avellaneda siguen impunes
“Hay personas que defienden lo indefendible (...) El mismo Felipe Sola reconoció que la orden de reprimir sale del Gobierno de turno para una represión”, escribe en su cuenta de Facebook Vanina Kosteki, hermana de Maxi: “Hoy Aníbal Fernández como ministro de Seguridad nuevamente va a callar las luchas de los trabajadores y desocupados con represión como lo hizo aquel 26 de junio del 2002 porque era necesario para lograr los acuerdos con el fondo monetario y hoy se necesita lo mismo mano dura contra el pueblo (...) la búsqueda de justicia te da fuerzas para levantarte todas las mañanas y salir a luchar para que en algún momento Solá, Duhalde y Fernández estén presos y no en el gobierno matando”.
Y retoma la palabra Alberto Santillán: “Acá nadie se rinde, nosotros no tenemos las manos manchadas con sangre, no tuvimos que salir escondidos en el baúl de un auto, tenemos el orgullo de caminar la vereda de nuestros caídos y caídas, de seguir el camino de ellos para cambiar esta bendita Argentina, por amor y honor a Darío y Maxi vamos a triplicar la lucha, ¡hasta la victoria siempre!”.
Cuando la realidad se puede tapar (o hacer tapa)
A 20 años de la portada de Clarín que simbolizó la mala praxis periodística y la complicidad con el gobierno de Eduardo Duhalde por su responsabilidad en la Masacre de Avellaneda, el histórico periodista y abogado Pablo Llonto y quienes integran la Comisión Interna actual reflexionan sobre qué hubiese pasado si esa publicación se habría dado con una redacción organizada gremialmente.
"La dignidad piquetera está en Darío y Maxi"
El legado de Santillán y Kosteki contado por sus amigxs. Los deseos de dos jóvenes luchadores truncados por un crimen de Estado todavía impune y la reconstrucción de su vida militante hasta el trágico final en Avellaneda.
Maxi, Darío y una lucha multiplicada
A 17 años de la Masacre de Avellaneda, familiares, militantes y organizaciones políticas y sociales se reunieron para recordar a Kosteki y Santillán. El despliegue policial impidió que llegaran al Puente Pueyrredón, pero la memoria de los piqueteros asesinados sigue tan viva como sus ideales.