En menos de nueve meses, el presidente Mauricio Macri autorizó la subasta de 93 inmuebles que pertenecían al Estado. Hay desde departamentos y cocheras hasta predios gigantescos en distintas partes del país. La oposición reclama, los vecinos protestan, los medios callan y el Estado persiste: ya planea nuevos decretos para futuras ventas.
Las ventas no salen en ningún programa panelizado de tevé. Tampoco en los principales diarios: ni en las páginas centrales ni en los clasificados. Sí salen, en cambio, en el boletín oficial: ahí están, para quien quiera verlos, los cinco decretos que firmó el presidente Mauricio Macri, entre agosto de 2016 y abril de este año, para autorizar la subasta de 93 propiedades que pertenecían a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Son, en total, 18.912 hectáreas. Casi la superficie total de la Capital Federal.
Hay desde departamentos y pequeños lotes hasta predios gigantescos que podrían convertirse, en un futuro cercano, en megaemprendimientos inmobiliarios. La mayoría de los inmuebles se ubican, de hecho, en la Ciudad, pero los más grandes –salvo la Isla Demarchi, esa zona porteña que el macrismo quiere convertir en un Puerto Madero bis– están en otras provincias: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Jujuy. También hay ventas en el exterior: edificios que quedan -o quedaban- en Uruguay, Brasil, Colombia y Estados Unidos (ver recuadro). La lógica es vieja y conocida: un Estado lo más chico posible. El retorno a aquella frase de José Alfredo Martínez de Hoz que el neoliberalismo nacional tomó como axioma sagrado: “Achicar el Estado es agrandar la Nación”. En ese listado de 93 propiedades está la prueba práctica de esa teoría. El inicio de algo que, para la mayoría de los consultados, tendrá su continuidad en patrimonios más emblemáticos. “Si no venden empresas como YPF o Aerolíneas es porque no se aprueban en las encuestas que todos los días hace la AFI. Porque este Gobierno hace eso: usa a la inteligencia, entre otras cosas, para encuestar sobre los temas que le interesan”, le dice a Cítrica Fernando “Pino” Solanas, senador nacional de Proyecto Sur.
El primero que advirtió esta venta masiva de terrenos públicos fue el Observatorio del Derecho a la Ciudad, una ONG que investiga y denuncia las diferentes acciones del Gobierno en el ámbito porteño. De los 93 inmuebles que se vendieron o se están por vender, 52 quedan en la Ciudad de Buenos Aires. Entre esos 52 está el edificio de Cerrito 1244 donde funcionaba el Instituto Antártico Argentino, cuya subasta fue suspendida por la Justicia debido a que existen proyectos de ley para proteger su arquitectura. También hay predios que pertenecían al ferrocarril o a las Fuerzas Armadas, codiciados para el desarrollo inmobiliario de las constructoras de siempre. Macri puede jactarse de propiciar el avance de lo privado por sobre lo público como una de sus especialidades de gestión: en sus ocho años como jefe de Gobierno, concesionó o vendió 174 hectáreas de la Ciudad. La diferencia es que ahora, el alcance de ese despojo es nacional.
Este Gobierno tiene una concepción privatista. Nosotros privilegiamos lo
público. Creemos que hay que resguardar los bienes que fueron cuidados por
generaciones de argentinos, para que los usufructen las próximas generaciones.
PINO SOLANAS (PROYECTO SUR)
público. Creemos que hay que resguardar los bienes que fueron cuidados por
generaciones de argentinos, para que los usufructen las próximas generaciones.
PINO SOLANAS (PROYECTO SUR)
La tierra, ni tuya ni mía: del otro
El fundamento técnico del Gobierno es que todos los inmuebles “puestos a disposición” están en “desuso”, y que venderlos implicaría para el Estado --en un contexto de crisis económica-- un ahorro. Lo que no dice es que muchos de esas propiedades se ubican en zonas donde el mismo Estado reconoce deficiencias. “En la Ciudad hay una alarmante crisis habitacional; faltan vacantes, por lo tanto nuevas escuelas; pero esos terrenos se los entregan a los privados”, asegura Paula Penacca, legisladora porteña del Frente para la Victoria. Y agrega: “El Gobierno dice que son terrenos en desuso.Nosotros decimos que el Estado represente los intereses de la población y les asigne una utilidad”.
Cítrica intentó varias veces comunicarse con el presidente de la AABE, Ramón Lanús, para consultarle sobre esta cuestión. No hubo respuestas. El fundamento, sin embargo, figura en el sitio oficial de la agencia, donde Lanús respalda la iniciativa del Ejecutivo: “No sólo constituirá una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional, sino que, además, generará un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas”, asegura.
El abogado Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, escucha ese discurso desde hace una década. “Muchos de los funcionarios tienen como interés principal el de incorporar la mayor cantidad de tierras públicas al mercado. Es lógico: varios de ellos vienen de la actividad inmobiliaria. Incluso el presidente. Entienden el gran negocio que representa el suelo”, alude.
Estas ventas generan el desfinanciamiento del Estado, porque
pierde un recurso valioso como lo es la tierra, y por otro lado
genera el enriquecimiento del sector privado, que compra esos
terrenos para el desarrollo y la especulación inmobiliaria.
PAULA PENACCA (FPV)
pierde un recurso valioso como lo es la tierra, y por otro lado
genera el enriquecimiento del sector privado, que compra esos
terrenos para el desarrollo y la especulación inmobiliaria.
PAULA PENACCA (FPV)
Vender agua y montañas
Los vecinos del Valle de Uco, en Mendoza, cortan la ruta 40 todas las semanas. Lo hacen por la venta del Campo Los Andes que el Ejecutivo Nacional oficializó mediante el decreto 225/2017, el 4 de abril. Es un reclamo que para muchos es ciego y mudo. El presidente de la AABE definió a esa ordenanza como “positiva” porque reactivaría la economía y generaría fuentes de empleo, “sobre todo en la construcción”. Pero los habitantes del Valle de Uco lo que no quieren, justamente, es que construyan: denuncian que el gobierno provincial del radical Alfredo Cornejo propicia emprendimientos privados en esa zona, vinculados al “enoturismo”, y advierten que esas tierras podrían quedar en manos de magnates extranjeros, como pasó con Joe Lewis en Lago Escondido, Chubut.
En la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura mendocina, el último 1º de mayo, los legisladores del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) recibieron al gobernador con un cartel que era todo un símbolo: “La Remonta no se vende”, decía. El predio en cuestión pertenece -o pertenecía- al Ejército. Es el más grande de los 93 que el Gobierno envió a subastar: según el croquis del decreto, su extensión es de 10 mil hectáreas. Sí, 10 mil: más grande que la Ciudad de Mendoza. En el informe “Detalle de Reducción del Gasto en la Jurisdicción Defensa”, al que accedió Cítrica, ese ministerio -a cargo de Julio Martínez- estipula que recibirá por ese gigantesco lote 90 millones de dólares. “Este proyecto va a obstaculizar el acceso al agua de nuestros pueblos. Por eso estamos autoconvocados y luchando para que no nos quiten el suelo de nuestra patria”, remarca Fabián Escobar, uno de los vecinos de La Remonta.
Mientras los vecinos denuncian y alegan fundamentos constitucionales sólidos (las ventas de tierras públicas deben ser autorizadas por el Congreso), la AABE afina la lista para futuros decretos: a través del sistema SIENA, ya encontró 46 mil inmuebles en el inventario del Estado, muchos en los que “la administración nacional no brinda servicio alguno”. Un motivo más que suficiente como para que el macrismo se los saque de encima.
Es parte de la idiosincrasia del PRO. En la Ciudad estaba todo
privatizado. Hasta quiso privatizar el servicio público de bicicletas,
que era algo nuevo. No caben dudas de que tienen una política
mercantilizada y orientada a privatizar los distintos aspectos del
Estado.
JONATAN BALDIVIEZO (OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD)
privatizado. Hasta quiso privatizar el servicio público de bicicletas,
que era algo nuevo. No caben dudas de que tienen una política
mercantilizada y orientada a privatizar los distintos aspectos del
Estado.
JONATAN BALDIVIEZO (OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD)
LEJOS Y CERCA
El despojo de bienes del Estado no se circunscribe sólo al territorio nacional. También el Gobierno autorizó, mediante el decreto 1064/2016, la subasta de ocho propiedades en el exterior, entre las que se encuentran el edificio anexo de la embajada argentina en Washington, y las residencias de los embajadores en la capital estadounidense y en Brasilia. La razón de la AABE es que estaban abandonados y en pésimo estado, y que restaurarlos implicaba un gran gasto. “Me parece una barbaridad que el Gobierno se desprenda de propiedades en el exterior. Está queriendo vender la embajada de Estados Unidos, ¿qué más va a vender después?”, le dijo Pino Solanas a Cítrica. Además, la AABE “puso a disposición” dos edificios en Washington, oficinas de la embajada argentina en Colombia y dos inmuebles en Uruguay: un lote en Colonia del Sacramento y el ex Centro Cultural 19 de abril, en Montevideo.
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