Revista Cítrica

Mala madera


12 de junio de 2017

Revista Cítrica

En la provincia de Salta siguen los desalojos a las comunidades de pueblos originarios. Empresarios entran a robarles la madera, efectivos policiales ingresan armados a sus tierras y la Justicia les dicta órdenes de detención.

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“El gobierno y los representantes tienen mucho que ver, porque hacen los decretos y las leyes, siempre a favor del empresario y no de los originarios. No somos la única comunidad con problemas, pienso que si no nos unimos todos los pueblos no vamos a conseguir nada.Hay que salir todos juntos a reclamar”, Liliana López es cacique general de Aguaray, una comunidad aborigen a 30 kilómetros de Tartagal, en la provincia de Salta que fue desalojada con represión hace tres semanas. Ella es una más. Su comunidad es una más de tantas que sufren la persecución a diario en todo el país. Los desalojan, les pegan, les roban, les sacan los recursos naturales, les quitan sus fuentes de ingreso y les impiden trabajar dignamente.

El de Aguaray es un solo caso de tantos otros similares que no tienen visibilización. No tiene heridos graves, ni muertos ni chicos lastimados pero sirve como representación para entender el proceder de un Estado que defiende a quién tiene mucho y ataca a quienes no tienen casi nada. Que promueve el crecimiento de las grandes empresas, la contaminación y la deforestación de los bosques; y denosta la autogestión y la preservación de los recursos naturales.

Los problemas en Aguaray para los pueblos originarios que viven hace mucho tiempo en el monte comenzaron hace cuatro años cuando el empresario maderero Valdéz se apareció por la zona para talar. “Cortó los árboles de las zonas elevadas, en lugares pertenecientes a la comunidad, mi hijo hizo las denuncias, pero la justicia hace oídos sordos, la gente está cansada de tanto atropello y avasallamiento”.

Sin madera, los hermanos de la comunidad de Aguaray no pueden trabajar: se dedican a la carpintería. Les robaron su materia prima y cansados de la injusticia, secuestraron los tractores con la madera. “Ahí empieza el problema, la justicia se pone a favor del señor Valdéz y mandaron a reprimir”. Cuando Valdéz robó la madera, ni la Justicia ni la policía lo fueron a buscar a pesar de las denuncias. Pero cuando los originarios hicieron algo para recuperar lo que les correspondía, hubo una orden de desalojo y pusieron un efectivo dentro de la comunidad.

“Mandaron a la Infantería a reprimir. Hubo golpes e insultos pero gracias a lo que movilizamos frenaron un poco. Yo estaba en Salta, hablé con el fiscal y le pregunté a quién le habían pedido permiso para entrar a nuestras tierras, cuando eso no se puede por la ley 26160 y me dijo que no sabía nada... el atropello siempre está: pasamos a ser delincuentes nosotros y el delincuente víctima”, cuenta Liliana.

Para las etnias en lucha de la provincia de Salta pareciese que la ley no cuenta. La ley 26160 prohíbe expresamente el desalojo de las comunidades originarias de sus territorios mientras se “realice el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”, pero la Justicia, la policía y el gobierno provincial no la cumplen.

La ley dice que no los pueden desalojar. Los motivos por los que quieren correrlos de ahí no los saben: “No se sabe, solo dicen que tienen desalojar, vivimos ahí hace muchísimo tiempo, mis padres y mis abuelos nacieron ahí”, agrega Gabriel de la comunidad Toba, que aún no fue desalojada pero tras lo sucedido en Aguaray viajó a Buenos Aires en representación de las 7 etnias en lucha de Salta a reunirse con el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el señor Raúl Ruidíaz. “Se habían comprometido a frenar esto, y nos mintieron; hubo otro desalojo. Además iban a mandar ayuda por las inundaciones y no mandaron nada, se comprometen y nos mienten.Tenemos miedo, nos tocó a nuestros hermanos. Quieren que nos vayamos de nuestras tierras”.

Mientras en Salta siguen sufriendo el desplazamiento. “Los efectivos ingresan a las tierras tratando de causar miedo. Muestran su presencia, dejan ver sus pistolas. Las comunidades ya no duermen porque creen que las van a desalojar”, manifiesta la cacique de la comunidad de Aguaray, que tan solo quiere que los hermanos puedan vivir tranquilos y hasta propone soluciones: “Que Valdéz siga cortando madera de alguna finca que le dé el Estado pero no de donde estamos los pueblos originarios”. Tan dados vueltas estamos que a las buenas maderas las llenaron de culpa por molestar a la mala madera.

 

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