Country quiere apropiarse de un arroyo
La construcción de algunos de estos emprendimientos rompe con la armonía y el equilibrio de los lugares donde se emplazan.
Cada vez hay más. Primero aparecen los carteles; al poco tiempo el alambrado perimetral. Después, todo lo demás. Desde la década del noventa hasta nuestros días, los barrios privados, clubes de campo y countries -distintas maneras de llamar a lo mismo- se multiplican a lo largo y ancho de nuestro suelo. Ofrecen, para seducir a potenciales clientes/propietarios, una presunta vida segura y rodeada de naturaleza. Pero lo que no dicen -o al menos no explicitan- es que la mismísima construcción de algunos de estos emprendimientos rompe con la armonía y el equilibrio de los lugares donde se emplazan.
La problemática quedó al desnudo el último noviembre, luego de las dramáticas inundaciones en 19 municipios de la provincia de Buenos Aires. El hecho les sirvió a políticos, todos con ambiciones mediáticas y presidenciales, para echarse culpas unos a otros. Pero lo que no dijeron es que, lejos de ser una novedad, la situación existe desde hace mucho. Sólo que ahora, como si se tratara de un goteo incesante, va conociéndose en todo el país.
La proliferación incesante de barrios y condominios privados sobre terrenos que históricamente actuaban como desagotes naturales generó esta catástrofe que, lamentablemente, nos acostumbraremos a padecer más seguido. “Lo que ocurrió con este fenómeno urbanizador es que avanzaron sobre el lugar que cumplía el papel de amortización de las crecientes”, explica Patricia Pintos, geógrafa del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de la Plata y coautora del libro La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en la cuenca baja del río Luján.
Desde hace más de un lustro, los vecinos de Cardales y de los pueblos adyacentes se autoconvocaron para impedir el avance de un proyecto urbanístico de la empresa E2 S.A., que contemplaba la construcción de una mega-urbanización para 40.000 personas sobre 1.100 hectáreas en la llanura de inundación del Río Luján, en el partido de Campana, justo en el límite con Escobar, Exaltación de la Cruz y Pilar. La empresa, como sucede siempre en estos casos, había hecho lobby para crear las condiciones necesarias para cerrar el negocio: el Municipio de Campana había comenzado a elaborar el nuevo Código de Ordenamiento Urbano Ambiental del Partido que, curiosamente, habilitaba la construcción en esa zona. La organización de los vecinos, más estudios técnicos -especialmente el del geólogo de UBA-Conicet Eduardo Malagnino-lograron detener la iniciativa.
“Cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta de que ya había un country, el San Sebastián, que ocupaba el 44% del humedal. Si hubiesen construido este otro country enfrente, entre los dos iban a actuar como un dique que no iba a permitir el drenaje natural de las aguas”, le explica a Cítrica Alejandro Fernández Barrero, uno de los vecinos que intenta preservar el ecosistema de ese lugar.
La organización para luchar contra estos mega emprendimientos se extiende por varios puntos del país. Oenegés de Tigre presentaron un proyecto de ordenanza para prohibir la instalación de más barrios privados en ese Partido. Allí, eje del cruce verbal entre Daniel Scioli y Sergio Massa en plena inundación, el 60% del territorio municipal pertenece a condominios privados, aunque apenas el 10% de la población vive de manera estable. En Tigre, a diferencia de otros lados, el daño no es sólo ambiental, también es cultural: desde 2009, el Movimiento en Defensa de la Pacha (una de las organizaciones que promueve el fin de los countries en Tigre) busca proteger el “espacio sagrado indígena” (catalogado así por el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano) de Punta Querandí y otros lugares ancestrales, codiciados por las constructoras de la zona.
La situación en Córdoba, a pesar de la distancia, no es muy distinta. El ejemplo lo dan Edisur, Gama y el Grupo Tagle, que buscan concretar proyectos faraónicos en zonas protegidas por leyes locales y provinciales. La Reserva del Valle del Cóndor, en San Antonio de Arredondo, El Terrón, en Mendiolaza o el Arroyo de Los Paredones, en Alta Gracia, son el blanco de estas empresas, que buscan la cercanía con las grandes ciudades (en este caso, Córdoba Capital) y un escenario que valorice su negocio sin importar consecuencias. El caso más paradigmático es el del Terrón: a pesar de haber sido declarada Reserva Hídrica Recreativa y Natural, el grupo Tagle pretende erigir allí una cancha de golf de 18 hoyos y cinco barrios privados, con la anuencia -otra vez lo mismo- del Concejo Deliberante local. Actualmente, en Mendiolaza, el 40% de la tierra está en manos de barrios privados.
Rosario, a diferencia de lo que sucede en Buenos Aires y Córdoba, prohibió en 2010 la construcción de nuevos barrios privados en el ejido urbano, aunque los countries se expanden en las localidades cercanas, en su mayoría costeados por las grandes ganancias que otorga la soja. Allí, como en varios puntos de la Argentina, prevalece el dinero y los siderales negocios por sobre todo lo otro.
La problemática quedó al desnudo el último noviembre, luego de las dramáticas inundaciones en 19 municipios de la provincia de Buenos Aires. El hecho les sirvió a políticos, todos con ambiciones mediáticas y presidenciales, para echarse culpas unos a otros. Pero lo que no dijeron es que, lejos de ser una novedad, la situación existe desde hace mucho. Sólo que ahora, como si se tratara de un goteo incesante, va conociéndose en todo el país.
La proliferación incesante de barrios y condominios privados sobre terrenos que históricamente actuaban como desagotes naturales generó esta catástrofe que, lamentablemente, nos acostumbraremos a padecer más seguido. “Lo que ocurrió con este fenómeno urbanizador es que avanzaron sobre el lugar que cumplía el papel de amortización de las crecientes”, explica Patricia Pintos, geógrafa del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de la Plata y coautora del libro La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en la cuenca baja del río Luján.
Desde hace más de un lustro, los vecinos de Cardales y de los pueblos adyacentes se autoconvocaron para impedir el avance de un proyecto urbanístico de la empresa E2 S.A., que contemplaba la construcción de una mega-urbanización para 40.000 personas sobre 1.100 hectáreas en la llanura de inundación del Río Luján, en el partido de Campana, justo en el límite con Escobar, Exaltación de la Cruz y Pilar. La empresa, como sucede siempre en estos casos, había hecho lobby para crear las condiciones necesarias para cerrar el negocio: el Municipio de Campana había comenzado a elaborar el nuevo Código de Ordenamiento Urbano Ambiental del Partido que, curiosamente, habilitaba la construcción en esa zona. La organización de los vecinos, más estudios técnicos -especialmente el del geólogo de UBA-Conicet Eduardo Malagnino-lograron detener la iniciativa.
“Cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta de que ya había un country, el San Sebastián, que ocupaba el 44% del humedal. Si hubiesen construido este otro country enfrente, entre los dos iban a actuar como un dique que no iba a permitir el drenaje natural de las aguas”, le explica a Cítrica Alejandro Fernández Barrero, uno de los vecinos que intenta preservar el ecosistema de ese lugar.
La organización para luchar contra estos mega emprendimientos se extiende por varios puntos del país. Oenegés de Tigre presentaron un proyecto de ordenanza para prohibir la instalación de más barrios privados en ese Partido. Allí, eje del cruce verbal entre Daniel Scioli y Sergio Massa en plena inundación, el 60% del territorio municipal pertenece a condominios privados, aunque apenas el 10% de la población vive de manera estable. En Tigre, a diferencia de otros lados, el daño no es sólo ambiental, también es cultural: desde 2009, el Movimiento en Defensa de la Pacha (una de las organizaciones que promueve el fin de los countries en Tigre) busca proteger el “espacio sagrado indígena” (catalogado así por el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano) de Punta Querandí y otros lugares ancestrales, codiciados por las constructoras de la zona.
La situación en Córdoba, a pesar de la distancia, no es muy distinta. El ejemplo lo dan Edisur, Gama y el Grupo Tagle, que buscan concretar proyectos faraónicos en zonas protegidas por leyes locales y provinciales. La Reserva del Valle del Cóndor, en San Antonio de Arredondo, El Terrón, en Mendiolaza o el Arroyo de Los Paredones, en Alta Gracia, son el blanco de estas empresas, que buscan la cercanía con las grandes ciudades (en este caso, Córdoba Capital) y un escenario que valorice su negocio sin importar consecuencias. El caso más paradigmático es el del Terrón: a pesar de haber sido declarada Reserva Hídrica Recreativa y Natural, el grupo Tagle pretende erigir allí una cancha de golf de 18 hoyos y cinco barrios privados, con la anuencia -otra vez lo mismo- del Concejo Deliberante local. Actualmente, en Mendiolaza, el 40% de la tierra está en manos de barrios privados.
Rosario, a diferencia de lo que sucede en Buenos Aires y Córdoba, prohibió en 2010 la construcción de nuevos barrios privados en el ejido urbano, aunque los countries se expanden en las localidades cercanas, en su mayoría costeados por las grandes ganancias que otorga la soja. Allí, como en varios puntos de la Argentina, prevalece el dinero y los siderales negocios por sobre todo lo otro.
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