La relación del país con el Fondo Monetario Internacional comenzó con la dictadura de Aramburu, se reforzó con Frondizi y terminó por profundizarse con Onganía. Desde entonces el vínculo con el FMI atravesó la política y las finanzas argentinas con más penas que glorias. Compartimos el recorrido histórico que hace el historiador Bruno Nápoli para Canal Abierto.
El germen del Fondo Monetario Internacional (FMI) se puede ubicar en julio de 1944, durante la convención en Bretton Woods (Estados Unidos), poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde un principio el organismo se presentaba como herramienta de promoción de la ortodoxia monetaria para el fomento del comercio mundial. Esto, en criollo -y en un contexto de imposición de un nuevo orden mundial con Estados Unidos a la cabeza- significaba la liberalización de los capitales, para unos, y la domesticación dentro de la división internacional del trabajo, para otros.
“El gobierno de Juan Perón (1946-1955) se había opuesto rotundamente a los acuerdos de Bretton Woods, y rechazado el ingreso al FMI. De hecho, durante esos años las políticas fueron en un sentido totalmente opuesto a lo propuesto por el Fondo: se nacionalizaron la banca, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (hasta ese momento de gestión mixta, o sea público-privada)”, cuenta el historiador especialista en materia económica y financiera, Bruno Nápoli.
Por lo tanto, y de forma tardía respecto de otros países de la región, recién tras el golpe militar de septiembre de 1955 podemos hablar de una relación entre la Argentina y el FMI. De hecho, es en 1956, durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958), que nuestro país adhiere al organismo.
“El gobierno de Juan Perón (1946-1955) se había opuesto rotundamente a los acuerdos de Bretton Woods, y rechazado el ingreso al FMI.
Tras desnacionalizar los depósitos bancarios, anular la reforma constitucional de 1949 y proscribir al peronismo, la autodenominada “Revolución Libertadora” deja 1.100 millones de dólares de deuda externa. Era el inicio de una relación casi ininterrumpida de endeudamiento, crisis y presiones.
“Luego, con Arturo Frondizi (1958-1962), se piden los primeros préstamos stand by, que son de tipo usurario respecto al cobro de intereses”, recuerda Nápoli. Por entonces, de igual manera que sucedería en adelante, la “ayuda financiera” llegó bajo ciertas condiciones, como la aplicación de un programa económico con reformas promercado y un ajuste fiscal.
Pero el pacto con el FMI firmado por Donato del Carril, y a instancias de Frondizi, tenía otras cláusulas secretas: la reducción y despido del 15 % de los empleados públicos, la paralización total de obras públicas, privatización de empresas estatales, reducción y venta de frigoríficos y cierre masivo de ramales ferroviarios, restricciones crediticias, aumento de precios y congelamiento del salario mínimo por dos años.
Con Arturo Frondizi (1958-1962), se piden los primeros préstamos stand by, que son de tipo usurario respecto al cobro de intereses”.
Tras un nuevo golpe de Estado y gobierno militar, el gobierno radical que sobrevendría no continuaría la misma línea de Frondizi: aunque por un periodo breve, Arturo Umberto Illia (1963-1966) decide distanciarse del FMI.
De todas formas, en este caso no brillaría por su ausencia esa particular costumbre argentina de ideas y venidas. Mucho menos cuando están en juego intereses tan poderosos como los del capital financiero.
“La dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) vuelve inmediatamente al Fondo, pero esta vez en condiciones aún peores que las de Aramburu y Frondizi. Es decir, de mayor control sobre las cuentas y políticas públicas argentinas”, relata el historiador que investigó delitos financieros y económicos la última dictadura cívico-militar.
Desde entonces la relación con el FMI fue constante y traumática, tanto en contextos de gobiernos democráticos como militares.
A los largo de este gobierno de facto (que continuaría con Agustín Lanusse hasta 1972) la deuda externa argentina fue desde los 3276 millones de dólares a 4800 millones, un 46 % de incremento.
Durante la última dictadura cívico militar el FMI aportó varios desembolsos. Bajó la gestión económica de Martinez de Hoz y la Junta Milita, la deuda se multiplicó al menos por seis en seis años, al pasar de u$s 7.000 millones en 1976 a u$s 42.000 millones en 1982.
Los tiempos que le siguieron, democráticos, no fueron la excepción a la entrega: desde Raúl Alfonsin (1984-1989), pasando por Carlos Menem (1989-1999), hasta el Gobierno de la Alianza (1999-2001). Este último periodo –con los préstamos varios, auditorías, “consejos” y blindaje incluido- puede que haya sido el más vívido y a la vez doloroso de este derrotero histórico. Probablemente nadie olvide las palabras de Fernando de la Rúa anunciando el blindaje: “Que lindo es dar buenas noticias”.
Los tiempos democráticos no fueron la excepción a la entrega: desde Raúl Alfonsin (1984-1989), pasando por Carlos Menem (1989-1999), hasta el Gobierno de la Alianza (1999-2001).
“Todos permitieron la intromisión de misiones y analistas del FMI, con excepción de Néstor Kirchner, que en 2003 canceló el total de la deuda con el Fondo. Esto, en su momento logró quitarle injerencia al FMI”, explica Nápoli. Fueron 9500 millones de dólares al contado con los que Kirchner buscó librar su gestión de la intromisión del FMI, pero que a su vez convalidó tomas de deuda precedentes muy criticadas y que desde distintos sectores de la oposición reclamaban debían ser auditadas.
Unos 14 años después, en marzo de 2018, un director gerente del FMI volvía a visitar la Casa Rosada para entrevistarse con el presidente Mauricio Macri. Si bien ni uno ni otro ocultaban su afinidad, todavía parecía lejana una vuelta a los brazos de ese viejo, aunque tortuoso, amor.
“Es un Fondo muy distinto”, dijo el martes pasado el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Aunque lo intenten, parece difícil que convenzan a los argentinos de que el Fondo no es el fondo.
Fuente: Canal Abierto.
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